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19/4/07
Adital http://www.adital.com.br
18.04.07 - AMÉRICA LATINA

AL: Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza
Adital - Declaración de GCAP LAC / San Salvador
13 De Abril De 2007.

Las coaliciones nacionales de América Latina y el Caribe que integramos el Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza, reunidas en la ciudad de San Salvador los días 11, 12 y 13 de abril de 2007 en ocasión de su 3ª Asamblea Regional, reafirmamos nuestra adhesión a esta iniciativa ciudadana de alcance global que busca instalar una agenda propia en el campo de la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Las coaliciones nacionales se han involucrado en esta Campaña Global potenciando sus agendas propias en materia de lucha contra la pobreza que vienen desarrollando desde hace más de 20 años en toda la Región.

Desde esta región del mundo consideramos que GCAP internacional debe promover un concepto de pobreza que no esté afirmado sobre la visión de la caridad sino sobre la visión de la justicia. No se trata de asistir a las personas pobres sino de garantizar las condiciones para el pleno disfrute de sus derechos ciudadanos, sin discriminaciones de ningún tipo.

A tres años de haber iniciado esta Campaña creemos pertinente y oportuno declarar lo siguiente:

1. Adoptamos como ejes de nuestra agenda política del Llamado a la Acción Mundial, la Declaración de Beirut pero insistimos en la promoción, defensa y garantías irrestrictas de los derechos humanos (económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales, sexuales y reproductivos) en contra de todas las formas de discriminación y exclusión social (género, sexo, clase, raza, etnia, discapacidad, orientación sexual, lengua y edad). Lo que significa respeto y reconocimiento a las diferencias y a la convivencia democrática de la diversidad.

2. Tenemos la convicción que el fortalecimiento de procesos democráticos con garantías de participación plena, es condición imprescindible para potenciar la lucha para la erradicación de la pobreza.

3. Demandamos a los Estados la aplicación efectiva de los acuerdos asumidos en Pactos y Tratados del Sistema de Naciones Unidas, organismos multilaterales e Instancias Regionales (OEA Corte Interamericana de Derechos Humanos) y de todos los acuerdos adoptados en la década de los 90 en Cumbres y Conferencias Mundiales reforzando, al mismo tiempo, la capacidad de la ciudadanía de participar de forma informada para hacer exigibles estos compromisos.

Desde Latinoamérica y el Caribe estimamos inevitable que el Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza incorpore las siguientes estrategias:

1. Fortalecer a las plataformas nacionales y a sus espacios de articulación regional, pues ello enriquece tanto los contenidos como las modalidades del Llamado, más aun cuando la capacidad de incidencia política se determina tanto en los niveles nacionales como internacionales.

2. Entendemos que es imprescindible que el combate al hambre y la pobreza no sea disociado de la lucha contra los mecanismos de reproducción y ampliación de las desigualdades sociales y la exclusión. Es preciso evitar a cualquier costo un abordaje alejado de las causas estructurales de la pobreza.

3. Cualquier iniciativa de desarrollo en los países del Sur debe considerar procesos de redistribución equitativa de la riqueza, acceso a información para el despliegue de mecanismos de control ciudadano y de iniciativas pro transparencia y anticorrupción en la gestión de los gobiernos.

4. Promover una amplia movilización política internacional tendiente a cambiar los rumbos de la globalización y la utilización de todos los recursos financieros disponibles conforme a los compromisos (aún no cumplidos) de los gobiernos de los países industrializados.

5. Exigir a las instituciones internacionales que movilizan recursos la rendición de cuentas públicas sobre la utilización y distribución de los mismos así como la difusión de los fundamentos que respaldan las decisiones que adoptan. También deberían generar espacios de diálogo y participación de las organizaciones receptoras de dichos recursos.

6. Realizar acciones de alto impacto mediático y de sensibilización ciudadana sobre los ejes del Llamado Mundial a la Acción, siempre y cuando respeten y reflejen los contenidos políticos acordados.

7. Enfatizamos que el futuro del Llamado sólo es sostenible si hay claridad en su objetivo político en base al cual debe desarrollar su estrategia de comunicación, movilización e incidencia las cuales deben ser monitoreadas periódicamente teniendo presente el respeto a los procesos, la garantía en la transparencia de las decisiones, la flexibilidad de sus estructuras y la fluidez de su funcionamiento.Como plataformas nacionales articuladas regionalmente decidimos:

- Desarrollar acciones de control ciudadano a los gobiernos en relación al cumplimiento de los ODM, la financiación para el desarrollo (Cumbre de Monterrey), los acuerdos comerciales, las políticas públicas nacionales (presupuesto público e inversión social, procesos de reforma, puesta en marcha de sistemas anticorrupción frente a delitos públicos y privados, promoción de la transparencia en la gestión y de la instalación de mecanismos claros para la participación ciudadana).

- Vincular la incidencia regional al seguimiento de Cumbres (Grupo de Río; Cumbre Iberoamericana; Cumbre Eurolatinoamericana; OEA; Cumbre de las Américas, entre otras) ya sea organizando actividades como GCAP o dando respaldo a miembros de GCAP que participen de tales eventos, con cartas o documentos de posición que respalden dicha acción.

- Nos proponemos fortalecer la articulación con otras regiones para potenciar sinergias y compartir conceptos respecto al desarrollo, la democracia, la desigualdad, el ejercicio de derechos y el respeto a la diversidad.

- Respaldamos la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento que será sometido a consideración en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas.

Finalmente, consideramos que el futuro de este Llamado será posible siempre y cuando en sus distintas instancias organizativas, sobre todo en nivel de su Comité Facilitador Internacional, se adopten y apliquen mecanismos para: democratizar su funcionamiento, transparentar la toma de decisiones, rendir cuentas y dar el reconocimiento, respeto y participación -en igualdad de condiciones- a los diferentes actores y sectores que la componen.

Si esto no se cumple se corre el riesgo de que esta iniciativa se convierte en un proceso de exclusión atentando contra los principios éticos y políticos que le dieron origen.San Salvador, el 13 de abril 2007* Firman:

Comité Facilitador de América Latina y el Caribe: Punto Focal INESC, Plataforma Nacional de Brasil, Perú, Chile, El Salvador, República Dominicana, Redes Regionales REPEM, Social Watch y Consejo de Todas las Tierras.

Plataformas Nacionales de: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay

19/4/07

Morir en en la pobreza (por Zósimo Camacho)

Desnutrición y muerte por enfermedades curables predominan en la Montaña de Guerrero. Las chozas improvisadas como escuelas son abandonadas por los maestros que no se resignan a la maldición de vivir en la zona más pobre del país. Las mujeres parturientas mueren en las agrestes brechas antes de llegar al hospital más cercano.

Cochoapa el Grande, Guerrero. El macilento cuerpo de Apolinar se revuelve debajo de una frazada percudida. Sus grandes ojos no aciertan a mirar fijamente y, delirante, balbucea que padece “tuberculosis”. Los tablones sobre los que yace crujen constantemente y, por momentos, los espasmos del escalofrío dejan ver su torso esquelético.

Enfermó desde agosto pasado. Ya recibió todas las atenciones posibles en esta comunidad de San Pedro El Viejo: rezos y baño de temascal. Como el de Apolinar es un caso difícil, los principales o mayores ya han echado las cartas “para saber por dónde deben rezar”. Reconocen que en “cualquier ratito puede morir el muchacho”, algo que los entristece, pero no los asombra.

Morir por diarrea, parasitosis, gripe, parto, infecciones en las vías respiratorias o “tuberculosis”, sarampión y mordeduras de víbora de cascabel, es para ellos un designio inescrutable al que todos los habitantes de esta comunidad nu'saavi o mixteca están expuestos. Una semana antes, y después de meses en cama, murió Micaela Rodríguez, de 35 años. El diagnóstico de los principales, o viejos, de la comunidad fue: “tuberculosis”.

Bajo el sol del mediodía y una temperatura que supera los 30 grados centígrados, una docena de niños desnudos, infestados por parásitos, acarrean los adobes que los mayores hacen vehementemente. María, de cinco años, recarga el ladrillo en su enorme y grotesco vientre. Su cuerpo rojizo y silencioso se mimetiza con la pila de adobes y con los adustos y desolados cerros de esta Montaña de Guerrero.

Las palabras de Margarita Martínez Cruz fluyen como de por sí se escucha la lengua nu'saavi: como un susurro que intenta contener la desesperación y el enojo. Entre sus brazos retiene a su hijo Manuel Castillo Martínez. El infante, de dos años de edad, se retuerce sin abrir los ojos. Las fuerzas no le alcanzan siquiera para llorar. Apenas jadea y lanza débiles quejidos por una boca amarillenta y pastosa por la tortilla remojada que su madre le introduce a la fuerza.

A través de Paulino Ruiz, el único habitante de esta localidad que entiende y habla con dificultad el español, Margarita explica que Manuel nació en los campos de Culiacán, Sinaloa, adonde se trasladaba toda la familia cada año y hasta por cuatro meses para trabajar como jornaleros. Ahora sólo se van su esposo y sus hijos mayores. Dice que el menor casi siempre ha estado enfermo y que “estuvo muerto” tres semanas en un hospital de Culiacán.

El mal actual lo aqueja desde mayo pasado. Como todos los que padecen “tuberculosis” en San Pedro el Viejo, no tiene apetito y su cuerpo flácido ha adquirido una tonalidad blanquecina. El único alimento al que su desmayado organismo puede aspirar, como cualquier persona de esta comunidad, es la tortilla.

Tanto Apolinar como Margarita descartan trasladarse al hospital de la ciudad más cercana. Con incredulidad y hastío responden parcamente que no tienen dinero suficiente para tener tal lujo. Saben que la brecha que los separa del “derecho a la salud” es infranqueable. Y es que, como herida abierta en uno de los pliegues de la montaña guerrerense, San Pedro El Viejo está lejos de todo.

No sólo se trata de la ausencia de carreteras, dinero para pagar el transporte y al menos siete horas de viaje: tampoco hablan español. Antes de morir en el camino o en medio del desprecio de los hospitales, que no cuentan con traductores, prefieren expirar en sus casas “y ahorrarle gastos” a sus familias.

En San Pedro El Viejo hay una solitaria y decrépita “casa de salud” que es visitada por una brigada médica, a decir de los lugareños, cada dos meses. No cuenta con medicinas ni con una sola herramienta médica. Sólo ostenta, a un costado de la apolillada puerta de tablones, un descolorido y polvoriento cartel propagandístico de la Secretaría de Salud en el que apenas se puede leer la leyenda: “Donde tú estás, está tu salud”.

En caso de accidente o enfermedad grave, los “pedreros” tienen que improvisar camillas y contratar una camioneta para trasladar al paciente por una brecha agreste. El tiempo de traslado depende de la temporada del año: entre más humedad haya, más demorará el trayecto. En época de estiaje, salir del corazón de la montaña puede llevar cuatro horas a un conductor habilidoso. En temporada de lluvias, el mismo recorrido supera las nueve horas. Durante agosto y septiembre no hay manera de transitar por los sinuosos caminos montañeros que se convierten en fangos de barro.

Los habitantes de San Pedro El Viejo deben contratar por 3 mil 500 pesos una camioneta que los saque de sus comunidades. A eso se suma el pago de alimentos en Tlapa u Ometepec de los acompañantes del enfermo. Ni pensar en alquilar algún cuarto para pasar la noche. Con naturalidad aceptan dormir, encobijados, en las calles, parques y portales de los palacios municipales. Seguramente deberán comprar la medicina que requiere su paciente.

“Por eso estos enfermos ya no salen. Porque además saben que se van a marear en el camino, no van aguantar y se van a morir. Harán gastar a sus familiares para nada y harán que gasten más por el traslado del cuerpo”, explica Paulino Ruiz.

Cruz Verde

El comisario de esta comunidad, Teodoro Amado, señala una choza carcomida y desvencijada. Muestra la “escuela” de los niños de la parte más alta y fría de la Montaña. Del paisaje de coníferas apenas resalta la cabaña abandonada.

Sobre la puerta principal, los pobladores han recargado decenas de adobes que -dicen orgullosos- serán para la construcción de una “casa de médico”. A través del intérprete Florentino Aguilar, agregan que en este pueblo ningún gobierno ha realizado una sola obra social. Sus espacios comunitarios los han construido con sus propias manos.

Por ello, la iglesia, la comisaría y la “escuela” están modestamente construidas con adobe, tablones y láminas de cartón. Como sus vecinos de San Pedro, los de Cruz Verde sólo comen tortilla, salsa, yerbas “y a veces frijolitos”.

Contralínea visitó esta comunidad en diciembre de 2003 (ver número 23). El último maestro que dio clases en la “escuela” se había marchado hacía tres meses. Entonces los pobladores mostraron el interior de su “plantel” ante los rostros jubilosos de los niños de entre seis y 10 años que corrieron por sus cuadernos y se formaron para “hacer honores a la bandera”.

Hasta ahora los hombres la vuelven a abrir. Como los adobes prácticamente han clausurado la puerta, desclavan dos costeras y descubren polvorientos papeles que se deshacen al tacto, paredes cubiertas por telarañas y libros carcomidos. Pero ahora apenas hay unos cuantos niños y nadie solicita, como entonces lo hicieron, instrumentos musicales para una banda infantil. La mayoría partió, junto con sus padres, a trabajar a los campos del municipio de Culiacán, Sinaloa.

“No pueden irse a trabajar aquí cerca, como a Ometepec o a Tlapa, porque no dejan trabajar a los niños. Allá en Sinaloa sí lo permiten”, explica Teodoro Amado.

Dos Ríos

El pueblo se reúne a la llegada de cualquier visitante. Dialogan con los fuereños como si los hubieran estado esperando por años. El arribo de forasteros provoca que a través de un altavoz -ya cuentan con energía eléctrica- se realice una convocatoria que termine por reunir a todos los hombres adultos y algunas mujeres. Pareciera que esperar es la principal actividad de quienes en esta comunidad de la parte más calurosa y tropical de la Montaña no han partido a la pizca de frutos exóticos en Sinaloa o Baja California.

En los pueblos montañeros nadie habla por sí mismo ni para beneficio particular. Todos están de acuerdo en lo que necesitan y cualquiera puede decir a los visitantes sus principales carencias, pero no hablan hasta “hacer reunión”. El comisario Modesto Esteva Cano inicia la exposición que termina en interminables diálogos, donde por momentos todos hablan atropelladamente.

En esta comunidad, cercada por dos ríos que en época de lluvias no les permite salir, no hay agua potable. Carecen de casa de salud y reciben la visita de un médico cada 15 días. Dicen que cuando el médico no está y algún integrante de la comunidad cae enfermo, comienzan los rezos. Denuncian que los maestros sólo dan clases tres días consecutivos y luego se ausentan por 15 o 20. No cuentan con biblioteca y, como a los demás pueblos montañeros, la pregunta les causa asombro y sonrisas.

A este pueblo sí llegan, aunque irregularmente, los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Cincuenta mujeres reciben 290 pesos cada dos meses del programa Oportunidades; sin embargo, lo reclaman más de 100. En el Procampo sólo están inscritos ocho padres de familia de un total de 150.

A diferencia de la última visita de Contralínea, ahora hay al menos una tienda en la comunidad. Se consumen refrescos y, sobre todo, cervezas. La llegada de la comida chatarra no los hizo menos pobres, pero los embases de plástico se acumulan como basura a la orilla del camino. Los más pobres

Luego de un sexenio de promesas, estas comunidades siguen encabezando la lista de las más pobres del país. Los nu'saavi de la Montaña se sienten defraudados porque poco o nada se cumplió. Ya eran las más pobres del país cuando pertenecían al municipio de Metlatónoc. Ahora que son parte de Cochoapa El Grande también encabezan la lista de las paupérrimas del país, según el Índice de Desarrollo Humano del Consejo Nacional de Población.

El territorio de Cochoapa El Grande es de 690 kilómetros cuadrados a una altitud promedio de mil 605 metros sobre el nivel del mar. Lo habitan 15 mil 600 personas distribuidas en 120 comunidades; el 76 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta; el 94 por ciento de las viviendas no cuenta con drenaje; el 61 no tiene energía eléctrica y el 87 por ciento de las familias obtiene ingresos inferiores a los dos salarios mínimos.

El decreto 588 mediante el cual se creó el municipio de Cochoapa El Grande fue publicado por el gobernador René Juárez Cisneros en el periódico oficial del gobierno del estado el 10 de diciembre de 2002. La designación del primer ayuntamiento se realizó el 12 de abril de 2005. Como presidente resultó Santiago Rafael Bravo, antiguo opositor a la creación del municipio.

A decir de los lugareños, no es común encontrar al presidente municipal en la localidad. Transportistas, policías, regidores, síndico y secretario de gobierno reconocen que Santiago Rafael casi nunca despacha en la oficina de la presidencia. Todos coinciden en que el presidente pasa semanas en Chilpancingo antes de visitar por algunos días la cabecera municipal que dice gobernar.

El síndico Guillermo Flores Lorenzo admite que las escuelas de esta cabecera no son suficientes para atender siquiera a los más de mil niños de esta localidad principal. Oficialmente quedaron fuera 120 “porque ya no hubo cupo”, pero estima que el número es aún mayor porque “muchos ni siquiera se registraron y otros estaban con sus padres en Sinaloa cuando fueron las inscripciones”.

Por supuesto, señala que en la mayoría de las comunidades que dependen de esta cabecera no hay escuelas y no hay cifras sobre los niños que realmente se quedan sin estudios. Reconoce que son la mayoría.

Flores Lorenzo también dice que el servicio médico no tiene la capacidad de atender la demanda ni de la cabecera ni de las demás comunidades dependientes. Solicita recursos económicos para la creación de una clínica de especialidades en ginecología y pediatría. Sin embargo, lo que el ayuntamiento construye -a iniciativa del presidente municipal- es un fastuoso palacio que tendrá un costo de entre 12 y 15 millones de pesos.

Una misión de la congregación de monjas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, encabezada por Silvia Rodríguez Aguilar, ofrece servicios de salud y de educación abierta. Las monjas tratan de brindar las atenciones que los tres niveles de gobierno municipal no pueden ofrecer.

Los niños de San Pedro El Viejo observan silenciosamente y con curiosidad a los fuereños que acarrean tabiques y preparan mezcla de cemento, grava y arena. La cuadrilla a cargo del arquitecto José Vélez construye la primera obra en la localidad impulsada por los gobiernos municipal y estatal: una iglesia que ya se erige imponente sobre las insignificantes chozas de tejamanil y láminas de cartón.

Al cierre de esta edición una brigada médica móvil de la jurisdicción de la ciudad de Tlapa se dirigía a la comunidad asolada por la “tuberculosis”. El médico a cargo del grupo, Gerardo de los Santos, reconoce que es urgente la creación de un hospital en esta zona de la Montaña.

Fuente: Revista Contralínea. Publicado: Marzo 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 75

Zósimo Camacho

En Cochoapa sólo hay derecho a la muerte

Los paupérrimos pueblos de la Montaña de Guerrero agonizan sin derecho a salud, educación ni alimentación; mucho menos a justicia, vivienda digna o vestido. Para ellos no hay instituciones ni programas que los incorporen a los servicios que supuestamente garantiza la Constitución a todos los mexicanos.

El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan , dice que para la población de la zona más pobre del país, mayoritariamente indígena, no hay “espacios” que le permitan acceder a los derechos humanos. “Hay una ausencia de autoridad y una descomposición de las instituciones por la corrupción y la impunidad”.

Agrega que los nu'saavi, me'pha, nahuas y mestizos de la Montaña no saben que existen las secretarías de Asuntos Indígenas y de la Mujer (ambas del gobierno del estado de Guerrero).

“Y si lo saben, piensan: ‘Qué bueno que existan pero para mí eso no tiene ninguna incidencia ni significa nada porque yo sigo enfermo y no tengo acceso ni a una pastilla, un suero antialacrán, ni a que me tomen la presión o me pongan un termómetro para saber cuánto tengo de temperatura'. Para ellos el derecho a la salud es un petate en la tierra, que es el derecho a la muerte.”

El fundador de la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, con sede en la ciudad de Tlapa de Comonfort y que trabaja con las comunidades de la Montaña y la Costa Chica , dice que la miseria se ha convertido en una característica inevitable de quien vive en las comunidades de Cochoapa El Grande, Metlatónoc o Alcozauca.

“El problema histórico de la Montaña es esta pobreza tan profunda que está en el corazón de los pueblos como si fuera una segunda naturaleza. Cuando decimos montañero, pensamos en la persona andrajosa, que lleva más de una semana sin poder bañarse, que no sabe qué es comer una pierna de pollo. Esto en lugar de revertirse se va profundizando. La gente se va ahogando en la pobreza, en el olvido, en la discriminación, en la violencia.

“Eso en realidad es un drama que en pleno siglo XXI no es tolerable en nuestro país pero que desgraciadamente no se está revirtiendo. La descomposición, empobrecimiento y deshumanización es lo que florece en esta escarpada Montaña.”

19/4/07
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19.04.07 - CENTROAMÉRICA
Cetroamérica: Informe Derechos Humanos
GAM *
Adital - Informe Centroamérica 2005-2006 desde una perspectiva de derechos humanos

El Grupo de Apoyo Mutuo como integrante del equipo de monitoreo regional, se complace en presentar este informe publico correspondiente al año dos mil seis.

Este es un esfuerzo colectivo de organizaciones de derechos humanos centroamericanas, destinado a contribuir el monitoreo anual, y verificación de cumplimiento por parte de los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, de los compromisos que han adquirido frente a la comunidad internacional y sus propias poblaciones para garantizar el pleno goce de los derechos humanos.

Centroamérica ha vivido un pasado reciente de conflictos armados que tuvo su fin mediante procesos regionales como Esquipulas I y II, así como la firma de Acuerdos de Paz entre las partes en conflicto en Guatemala y El Salvador.

Sin embargo, las expectativas que generaron estos acuerdos en lo referente a la apertura de una nueva etapa de institucionalidad, reformas socio - económicas y democracia real fueron minándose a lo largo de 15 y 10 años después de la firma de estos Acuerdos.

Incluso países que durante muchos años se mantuvieron muy arriba de la escala del índice de desarrollo humano, específicamente Costa Rica y Panamá, en comparación con el resto de países centroamericanos, acrecientan aceleradamente sus niveles de pobreza e inequidad.

Actualmente la conflictividad tiene nuevos componentes. La actual presencia, por ejemplo, del narcotráfico y el crimen organizado y el fenómeno de las "maras" son situaciones que eran impensables hace 10 años.

En los últimos años, al poder político, históricamente controlado por el poder económico de familias tradicionales que han dictado las políticas gubernamentales, se ha sumado el creciente poder de sectores directamente relacionados con el narcotráfico y sus actividades conexas, como el lavado de dinero o el trasiego de armas. Estos otros actores de poder, ocultos y ligados al crimen organizado, han aumentado su presencia en espacios de toma de decisiones, profundizando una crisis de gobernabilidad y debilitando el sistema de partidos.

Los hechos registrados durante 2006 advierten que la inequidad, violencia e impunidad, se mantienen sin respuesta efectiva de parte de los Estados, esto coloca a la región nuevamente en riesgo de enfrentar niveles de conflictividad similares a los vividos en la década de 1980. Solo a través de mecanismos efectivos de participación ciudadana para el abordaje integral de esta problemática, será posible el cambio de dirección en el rumbo de Centroamérica.

Grafica 1: Ataques contra defensores de derechos humanos (2005 - 2006). Fuente: Grupo de apoyo Mutuo.



Gráfica 2: Allanamientos a locales de organizaciones sociales. Fuente GAM



Este informe se presentara simultáneamente en todos los países Centroamericanos.

Lamentablemente esta presentación coincide con algunos hechos resientes de suma gravedad para la institucionalidad democrática en Centroamérica.

Esperamos con este informe conforme los objetivos trazados por el equipo de monitoreo y análisis, que este material pueda constituirse en insumo para la toma de decisiones de estrategias de desarrollo, así como también, un instrumento de incidencia para las organizaciones sociales comprometidas con la promisión de derechos humanos en la región.

Guatemala 18 de abril de 2007
* Grupo de Apoyo Mutuo